El Gobierno nacional atraviesa días de fuerte turbulencia interna. En el transcurso de la última semana se acumularon nuevas renuncias en áreas sensibles del Estado, un fenómeno que ya dejó de ser excepcional para convertirse en una constante desde la asunción de Javier Milei en diciembre de 2023.
La salida más reciente fue la de Paul Starc, presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), organismo clave en la prevención del lavado de dinero y los delitos financieros. Desde el Ministerio de Justicia se informó que la renuncia obedeció a “motivos personales”, una explicación habitual en este tipo de decisiones, aunque difícil de aislar del contexto general de inestabilidad administrativa que atraviesa la gestión. En su lugar asumirá Ernesto Gaspari, exfuncionario de Cancillería, mientras desde el Ejecutivo aseguran que Starc continuará “colaborando” con el Gobierno, sin precisiones concretas.
Casi en simultáneo, el área de Transporte quedó sacudida por la renuncia del secretario Luis Pierrini, una decisión que generó un efecto dominó en el sistema ferroviario. En las horas siguientes dejaron sus cargos Gerardo Boschín, presidente de Trenes Argentinos Operaciones (SOFSA), y Leonardo Compelatore, titular de Trenes Argentinos Infraestructura (ADIF). Si bien desde el oficialismo se habló de una “reorganización profunda”, las salidas se dan en un contexto de cuestionamientos por el manejo de subsidios y la falta de definiciones claras sobre el futuro del servicio ferroviario.
La lista de bajas de la última semana se completó con la renuncia del interventor del Enargas, el ente regulador del gas, quien dejó su cargo señalando la ausencia de respaldo político. Otra salida en un organismo estratégico, en momentos en que las tarifas y el acceso a los servicios públicos siguen siendo una preocupación central para millones de familias.
Con estos movimientos, ya son más de 210 los funcionarios que abandonaron el Poder Ejecutivo Nacional desde el inicio de la actual gestión. La cifra expone una rotación inédita en tan corto plazo y plantea interrogantes sobre la capacidad del Gobierno para sostener equipos estables en áreas clave del Estado.
Más allá de las internas políticas, el impacto no es menor en la vida cotidiana. Cada cambio en organismos vinculados al transporte, la energía o el control financiero se traduce en demoras, incertidumbre y falta de previsibilidad para usuarios, trabajadores y provincias. Mientras el discurso oficial insiste en el ajuste y la eficiencia, la sucesión de renuncias vuelve a poner en discusión si el problema es el tamaño del Estado o la dificultad para gestionar lo que queda.