El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata presentó una denuncia penal contra el presidente Javier Milei por sus declaraciones sobre la soberanía argentina en las Islas Malvinas, que generaron un fuerte repudio en amplios sectores de la sociedad y, en especial, entre quienes participaron del conflicto bélico de 1982.
La presentación judicial fue realizada este miércoles ante la Justicia Federal y acusa al mandatario de incurrir en el delito de violación de los deberes de funcionario público, luego de haber afirmado, en una entrevista concedida a un medio británico a fines del año pasado, que la Argentina recuperaría las Islas Malvinas “cuando los isleños así lo deseen”. Para el CECIM, esas expresiones no solo contradicen la posición histórica del país, sino que también vulneran de manera directa la Constitución Nacional y diversas normas de derecho internacional.
Desde la organización remarcaron que el principio de autodeterminación de los pueblos, invocado implícitamente por el Presidente, no es aplicable al caso Malvinas, ya que se trata de una población implantada por el Reino Unido tras la ocupación ilegal del territorio. En ese sentido, recordaron que tanto las resoluciones de las Naciones Unidas como la legislación argentina sostienen el principio de integridad territorial y el carácter irrenunciable del reclamo soberano.
Antes de acudir a la vía judicial, el CECIM La Plata había enviado una carta documento al Presidente solicitando que rectificara públicamente sus declaraciones. Sin embargo, ante la falta de respuesta por parte del Poder Ejecutivo, la entidad decidió avanzar con la denuncia penal, que quedó radicada en el Juzgado Federal Criminal y Correccional N°12, a cargo del juez Julián Ercolini.
En el escrito presentado ante la Justicia, los ex combatientes sostienen que Milei actuó “con pleno conocimiento de sus actos y consecuencias”, afectando no solo la Constitución Nacional, sino también leyes vigentes, resoluciones de la ONU, declaraciones del Congreso y acuerdos multilaterales que respaldan la posición argentina sobre Malvinas. Además, advierten que sus dichos perjudican intereses estratégicos del país vinculados a la soberanía territorial, marítima, energética, alimentaria y antártica.
“El Presidente debe obediencia a la Nación y a la manda constitucional”, subrayaron desde el CECIM, al tiempo que señalaron que cualquier concesión discursiva hacia una potencia extranjera con la que existe un diferendo de soberanía constituye un hecho de extrema gravedad institucional. Para la organización, la postura adoptada por Milei debilita seriamente el reclamo argentino y pone en riesgo décadas de consensos construidos en torno a la causa Malvinas.
Finalmente, los denunciantes solicitaron que se investigue si el jefe de Estado incurrió también en otras figuras penales previstas en el Código Penal, al considerar que sus expresiones públicas no pueden ser tomadas como simples opiniones, sino como actos propios de su investidura presidencial.