Ante el retiro del financiamiento nacional y el vencimiento del acuerdo que regulaba los aportes al transporte público, el gobierno de la provincia de Buenos Aires puso en marcha un sistema propio de asistencia económica para garantizar la continuidad del servicio de colectivos en el Área Metropolitana. La iniciativa alcanza a más de 40 distritos bonaerenses, entre ellos Cañuelas, que forma parte del entramado regional de transporte del AMBA.
La medida quedó formalizada a través de un decreto publicado a comienzos de enero en el Boletín Oficial y busca evitar un deterioro mayor del sistema en un escenario marcado por la caída de recursos, el aumento de costos operativos y la incertidumbre financiera que atraviesan las empresas del sector.
Con este nuevo esquema, el Ministerio de Transporte bonaerense pasa a ser el organismo encargado de administrar las compensaciones tarifarias, estableciendo los criterios para su cálculo, distribución y control. A diferencia del modelo anterior, ahora la Provincia asume un rol central en la gestión del financiamiento, tras la finalización del convenio que hasta el 31 de diciembre regulaba las transferencias nacionales.
Uno de los pilares del sistema será la continuidad del uso de la tarjeta SUBE, a partir de un acuerdo con Nación Servicios S.A. Este mecanismo permitirá contar con información precisa sobre la cantidad de pasajeros transportados, la demanda real de cada línea y los costos efectivos del servicio, elementos clave para definir el destino de los fondos y fortalecer los controles.
La normativa también fija obligaciones para los municipios que formen parte del régimen. Entre ellas, la adhesión a los cuadros tarifarios establecidos por la Provincia, condición indispensable para que las empresas locales puedan acceder a las compensaciones económicas.
Además del aspecto financiero, el decreto introduce cambios en la organización del transporte bonaerense. Se incorpora oficialmente la categoría de servicio “suburbano” y se deja sin efecto la denominación “rural”, al considerar que ya no refleja la realidad actual del crecimiento urbano y la expansión territorial del AMBA. El esquema, a su vez, prevé la posibilidad de sumar nuevos distritos en función de la evolución demográfica.
Desde el sector empresario vienen advirtiendo sobre la gravedad de la situación. Representantes de las cámaras del transporte aseguran que una gran mayoría de las empresas opera al límite, tras un año atravesado por conflictos, medidas de fuerza y recortes en los subsidios. Aunque el anuncio provincial fue valorado como un alivio, señalan que la ecuación sigue siendo frágil si no se reconocen los costos reales del sistema.
El gobierno bonaerense aclaró que el régimen no implica compromisos permanentes y que su continuidad dependerá de la disponibilidad presupuestaria y de evaluaciones periódicas. Aun así, la decisión marca un cambio de rumbo: la Provincia busca sostener un servicio esencial para miles de bonaerenses, mientras el transporte del AMBA sigue reclamando previsibilidad y reglas claras para su funcionamiento.