Hasta $81 millones en gaseosas: la licitación oficial que vuelve a poner en duda el discurso del ajuste

En un escenario atravesado por recortes, ajuste del gasto público y un mensaje oficial que insiste en la falta de recursos, una licitación impulsada desde la Casa Rosada volvió a encender el debate sobre las prioridades del Gobierno nacional.

Según documentación administrativa del Estado difundida por el portal periodístico Realpolitik, la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei, avanzó con una licitación pública para la compra de bebidas destinadas a la Casa Rosada, la Quinta de Olivos y la residencia presidencial de Chapadmalal. El monto máximo de las ofertas presentadas alcanza los 81.186.245 pesos.

El procedimiento corresponde a la Licitación Pública N.º 23-0017-LPU25 y contempla la provisión de gaseosas, aguas, jugos y bebidas isotónicas bajo la modalidad “a demanda”, por un plazo de hasta seis meses o hasta agotar las cantidades previstas. De concretarse la contratación por el valor más alto ofertado, el gasto mensual superaría los 13 millones de pesos.

La información surge de expedientes oficiales, que incluyen pliegos, fechas de apertura de sobres y montos presentados por las empresas oferentes. No se trata de trascendidos ni versiones informales, sino de registros administrativos concretos, que fueron puestos a conocimiento público por el citado medio a partir del análisis de la documentación licitatoria.

Hasta el momento, el Gobierno nacional no brindó explicaciones públicas que justifiquen el volumen del gasto ni su encuadre dentro del discurso de austeridad que se utiliza para fundamentar recortes en áreas sensibles como obra pública, programas sociales, educación o salud.

El contraste es evidente. Mientras miles de familias ajustan su economía cotidiana, con caída del consumo y pérdida del poder adquisitivo, el Estado habilita erogaciones millonarias en consumos que no forman parte de ninguna política esencial. Más allá de la legalidad del proceso, la discusión es política y simbólica.

En contextos de crisis, la administración del dinero público no solo se mide en números, sino en señales. Y cuando esas señales parecen alejadas de la realidad diaria de la mayoría, el impacto social y político es inevitable.