El Ministerio de Salud sostiene que no hubo desmantelamiento del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas. Sin embargo, los hechos recientes exponen una contradicción difícil de ignorar: no se renovaron contratos de profesionales clave, no hubo anuncios de refuerzo ni de actualización de recursos, y el equipo técnico que sostenía la red federal terminó renunciando en conjunto.
La discusión no es administrativa ni interna. Es sanitaria y tiene impacto directo en la vida cotidiana. Hablamos de bebés, niñas y niños con diagnósticos complejos, donde el tiempo no es un detalle sino una variable decisiva entre la atención o el riesgo.
Durante más de quince años, el programa permitió coordinar diagnósticos prenatales, derivaciones urgentes, cirugías y seguimientos en todo el país. Esa tarea nunca dependió solo de una resolución o de un nombre formal, sino de equipos especializados capaces de tomar decisiones rápidas y precisas. La no renovación de contratos dejó al programa sin el piso mínimo de funcionamiento y sin la estructura técnica necesaria para sostener la red.
En ese escenario, los profesionales que permanecían advirtieron que no podían garantizar atención segura ni asumir responsabilidades médicas sin respaldo operativo. La renuncia no fue un gesto individual ni político, sino la consecuencia de un esquema que quedó sin herramientas reales para funcionar.
Desde el discurso oficial se insiste en que el programa continúa activo. Pero continuidad formal no es lo mismo que funcionamiento efectivo. Sin recursos humanos suficientes, sin actualización presupuestaria y sin conducción técnica estable, la red se debilita. En la práctica, eso se traduce en demoras, traslados más largos, familias que deben peregrinar por respuestas y una presión creciente sobre hospitales de alta complejidad que ya trabajan al límite.
En Argentina nacen miles de bebés por año con cardiopatías congénitas y una proporción significativa necesita cirugía durante el primer año de vida. Cuando la coordinación falla, el tiempo se convierte en un factor de riesgo. Para muchas familias del interior del país, la ausencia de una red federal ordenada implica incertidumbre, gastos adicionales y una angustia que se suma a una situación de por sí crítica.
Negar el desmantelamiento mientras se recortan contratos y se dejan equipos sin recursos no despeja la preocupación. La profundiza. Porque en salud pública, las decisiones administrativas no son neutras: siempre tienen consecuencias humanas.