El Gobierno nacional resolvió suspender la contratación de nuevos empleados en el Sector Público Nacional, en una decisión que profundiza la política de ajuste y reestructuración del Estado impulsada por la gestión de Javier Milei. La medida forma parte del plan de ordenamiento del gasto y control de la dotación de personal que lleva adelante el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.
La norma establece que no podrán realizarse designaciones ni contrataciones bajo ninguna modalidad en las jurisdicciones y entidades comprendidas en la Ley de Administración Financiera. El alcance es amplio: quedan suspendidos los ingresos a plantas transitorias y permanentes, los contratos temporales, a plazo fijo, por tiempo indeterminado, a tiempo parcial o de carácter eventual.
También se incluyen dentro de la prohibición los contratos por prestación de servicios de profesionales autónomos, las designaciones transitorias en planta permanente y cualquier otra forma de incorporación de personal, exista o no relación de dependencia. En la práctica, el congelamiento limita casi por completo el ingreso de nuevos trabajadores al Estado nacional.
El decreto prevé un esquema de excepciones puntuales, pero bajo criterios restrictivos. En ese marco, se ratifica una regla que ya viene aplicándose en distintas áreas: los nuevos ingresos solo podrían autorizarse de manera excepcional y quedarían sujetos al criterio de recambio, que establece que por cada incorporación deben producirse previamente al menos dos bajas.
Esta decisión se suma a una ola de despidos y no renovaciones de contratos registrada a lo largo de los últimos dos años, que derivó en el achicamiento de organismos y en el desmantelamiento de áreas consideradas sensibles por su función social, técnica o territorial. Sectores vinculados a políticas sociales, cultura, ciencia, comunicación y distintos entes descentralizados ya habían sido alcanzados por recortes que impactaron tanto en los trabajadores como en la prestación de servicios a la población.
Desde el Ejecutivo, la suspensión de contrataciones es presentada como una herramienta para “ordenar el Estado” y avanzar hacia una estructura más reducida. Sin embargo, desde distintos sectores advierten que el ajuste no solo afecta al empleo público, sino que también tiene consecuencias directas en la vida cotidiana, al limitar la capacidad del Estado para garantizar políticas, controles y servicios esenciales.
En un contexto de recesión, caída del consumo y deterioro del mercado laboral, el congelamiento de ingresos refuerza un escenario de incertidumbre para miles de trabajadores y consolida un proceso de achicamiento estatal que continúa redefiniendo el rol del sector público en la Argentina.