El Gobierno nacional avanzó con una nueva modificación del sistema de inteligencia mediante un decreto que amplía las atribuciones de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y redefine el funcionamiento del área. La medida, impulsada por la administración de Javier Milei, introduce cambios sensibles que vuelven a poner en discusión los límites del poder estatal, el control democrático y el respeto al federalismo.
Uno de los puntos centrales del decreto establece que todas las actividades vinculadas a la Inteligencia Nacional revisten, desde ahora, carácter encubierto, “en virtud de su sensibilidad” y con el objetivo de minimizar el denominado “Riesgo Estratégico Nacional”. En los hechos, esta definición amplía el nivel de reserva sobre el accionar del sistema y reduce la visibilidad pública de sus funciones, un aspecto que históricamente ha generado reparos en organismos de derechos humanos y especialistas en control institucional.
El texto también autoriza a los agentes de inteligencia a proceder a la aprehensión de personas en casos de flagrancia o cuando exista un requerimiento judicial. Si bien el decreto aclara que los agentes deberán dar aviso inmediato a las fuerzas policiales o de seguridad competentes, la incorporación de esta facultad a un organismo que no es una fuerza policial marca un cambio relevante y polémico en la arquitectura institucional.
En este punto aparece uno de los principales debates jurídicos: la posible superposición de competencias con las provincias. La Constitución Nacional establece que las jurisdicciones provinciales conservan todo el poder no delegado al Estado nacional, y que la seguridad interior es, en términos generales, una atribución de las policías provinciales. Al habilitar a un organismo de inteligencia nacional a realizar aprehensiones, incluso de forma acotada, el decreto abre una zona gris respecto de la autonomía provincial y el reparto de funciones entre Nación y provincias.
A esto se suma el interrogante constitucional. La privación de la libertad personal está protegida por garantías básicas como el debido proceso y el control judicial efectivo. Diversos especialistas advierten que ampliar facultades coercitivas por decreto —y no por una ley debatida y sancionada por el Congreso— puede entrar en tensión con la Constitución y con los tratados internacionales de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional en la Argentina.
Otro aspecto central de la reestructuración es la disolución de la Agencia de Seguridad Nacional y la creación de la Agencia Nacional de Contrainteligencia, que tendrá como misión prevenir infiltraciones, fugas de información clasificada, sabotajes y atentados contra el orden constitucional. Sus funciones se extenderán a todo el Sector Público Nacional, reforzando el rol del área de inteligencia en la estructura del Estado.
Desde el Gobierno, la medida es presentada como una reorganización necesaria frente a amenazas internas y externas. Sin embargo, el refuerzo del secreto, la ampliación de facultades y la vía elegida —un decreto del Poder Ejecutivo— generan dudas sobre los mecanismos de control y los límites del accionar estatal.
En un contexto de ajuste económico, recorte de derechos y creciente conflictividad social, estos cambios no son abstractos. Impactan en la vida cotidiana al ampliar el poder de organismos que operan en reserva y al redefinir el equilibrio entre seguridad, libertades individuales y federalismo. El desafío será evitar que, bajo el argumento de la seguridad, se consoliden prácticas que debiliten las garantías constitucionales y el control democrático.