El Gobierno nacional anunció la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el traspaso de todas sus funciones al Ministerio de Salud, en una decisión comunicada por el vocero presidencial Manuel Adorni en el cierre del año. Desde el Ejecutivo aseguraron que la medida no implicará recortes ni modificaciones en el pago de pensiones o prestaciones para personas con discapacidad y que el objetivo es ordenar la gestión y reforzar los controles administrativos.
El anuncio se produjo mientras avanza una investigación judicial por presuntas coimas durante la gestión del exdirector del organismo, Diego Spagnuolo. La causa se inició tras la difusión de audios que motivaron una denuncia penal y que dieron lugar a una pesquisa en los tribunales federales de Comodoro Py. En esas grabaciones se menciona un supuesto esquema de retornos vinculados a la adjudicación de contratos y compras, que incluiría el pago de un “3%” sobre determinados acuerdos con proveedores del Estado.
Según consta en el expediente, la fiscalía analiza la autenticidad de los audios, el posible direccionamiento de contrataciones y el movimiento de fondos asociados a compras de medicamentos e insumos. En ese marco, se ordenaron medidas de prueba, entre ellas allanamientos, secuestro de dispositivos electrónicos y requerimientos de documentación, mientras las defensas cuestionan la validez del material incorporado a la causa y solicitan nulidades.
En los audios bajo investigación también se hace referencia, de manera indirecta, a la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei, aunque hasta el momento no se dispusieron imputaciones formales en su contra. El expediente continúa en etapa de instrucción y no se descartan nuevas citaciones a declarar a exfuncionarios y empresarios vinculados a la operatoria investigada.
El cierre de la ANDIS en este contexto generó cuestionamientos de sectores políticos y organizaciones vinculadas a la discapacidad, que advierten que la eliminación del organismo se produce en pleno escándalo judicial y no como parte de una reforma planificada de las políticas públicas del área. Desde el Gobierno, en cambio, sostienen que la centralización en el Ministerio de Salud permitirá mayor trazabilidad de los expedientes y un control más estricto, mientras la causa judicial sigue su curso y deberá determinar si existió o no un esquema sistemático de coimas dentro del organismo.