El Congreso de la Nación aprobó este fin de semana el Presupuesto 2026, el primero de la gestión del presidente Javier Milei, presentado por el Gobierno como una herramienta central para ordenar las cuentas públicas y sostener el superávit fiscal. Sin embargo, la sanción de la ley generó fuertes cuestionamientos por el impacto directo en áreas sensibles como educación, ciencia, salud y asistencia social.
Uno de los puntos más críticos es el recorte en educación, que pierde participación en relación al Producto Interno Bruto. Además, el presupuesto elimina el piso mínimo del 6% del PBI que establecía la Ley de Financiamiento Educativo, dejando sin una garantía legal a la inversión en el sistema educativo. Las universidades nacionales y los programas de formación docente enfrentarían una caída real de recursos, lo que pone en riesgo el normal funcionamiento institucional y el inicio del ciclo lectivo 2026.
El ajuste también alcanza a ciencia y tecnología, con recortes que afectan la investigación pública, el desarrollo científico y la innovación, sectores estratégicos para el crecimiento a mediano y largo plazo. En salud, si bien el gasto global se mantiene, se reducen partidas destinadas a programas de prevención, atención comunitaria y políticas sanitarias territoriales.
En el plano social, organizaciones advierten una disminución real de fondos para comedores comunitarios y asistencia alimentaria, en un contexto marcado por la recesión, la caída del consumo y el aumento de la pobreza. Estos recortes profundizan las dificultades de los sectores más vulnerables y tensionan la red de contención social.
Mientras el oficialismo celebra la aprobación del Presupuesto 2026 como una señal de previsibilidad fiscal y gobernabilidad, gremios docentes, universitarios, científicos y organizaciones sociales alertan que el ajuste compromete derechos básicos y deteriora la calidad de los servicios públicos, anticipando un escenario de mayor conflictividad social de cara al próximo año.
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