El Gobierno nacional modificó el sistema de pago de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y avanzó con un esquema de control digital automatizado sobre millones de familias beneficiarias. A través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, el Ejecutivo eliminó la histórica retención del 20% y dispuso el pago mensual del 100% del monto, siempre que el cumplimiento de los requisitos pueda ser verificado por cruces de datos estatales.
En los hechos, la tradicional Libreta de Seguridad Social, Salud y Educación deja de ser el eje del sistema, aunque no desaparece. A partir de ahora, el Estado cruzará información entre la ANSES, el Ministerio de Salud y otros organismos para constatar de forma digital controles médicos, vacunación obligatoria y asistencia escolar. Solo cuando ese cruce falle, las familias deberán volver a presentar documentación para no perder parte del ingreso.
El nuevo esquema introduce una mayor fiscalización informática sobre los sectores que dependen de la AUH. Para niños y niñas de hasta cuatro años, el sistema verificará controles de salud y calendario de vacunación. A partir de los cinco años, también se exigirá la acreditación de asistencia escolar en establecimientos reconocidos oficialmente.
Desde el Gobierno sostienen que la medida apunta a “simplificar trámites” y “agilizar pagos”. Sin embargo, organizaciones sociales y especialistas advierten que el cambio traslada el problema a las familias, que quedan atadas al funcionamiento de bases de datos estatales que no siempre reflejan la realidad de los barrios, ni contemplan las fallas del sistema de salud o educación.
Si la información no aparece cargada, está incompleta o presenta inconsistencias, el beneficio deja de ser automático y las familias deberán iniciar trámites ante la ANSES para acreditar lo que el propio Estado no logró registrar. En la práctica, el derecho se cobra si el sistema responde.
En un contexto de ajuste económico, recortes en políticas sociales y pérdida del poder adquisitivo, la reforma genera inquietud. Para muchos sectores, lejos de ampliar derechos, el nuevo esquema profundiza un modelo de control digital sobre quienes más dependen de la ayuda estatal, mientras el Estado reduce su presencia en el territorio y refuerza la lógica burocrática.