El avance judicial sobre las presuntas maniobras de corrupción dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dio un giro significativo luego de que Roger Grant, exfuncionario del organismo, decidiera romper el pacto de silencio que mantenían los implicados. Su testimonio volvió a exponer el entramado de irregularidades que caracterizó al esquema de compras de medicamentos durante el período investigado, profundizando la crisis institucional que enfrenta un gobierno que prometía “terminar con la casta”, pero acumula escándalos en áreas sensibles.
Grant, quien ocupaba el cargo de excoordinador de Gestión de Urgencias de la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud, declaró ante la Justicia que recibía órdenes directas de Daniel María Garbellini, señalado como el responsable de indicar qué droguerías debían cotizar y quiénes debían ganar las licitaciones vinculadas al Programa de Asistencia para Personas con Cobertura Básica (PACBI). Lejos de un sistema transparente, la operatoria descripta expone un circuito de compras direccionadas y proveedores seleccionados a dedo.
De acuerdo con la declaración, Garbellini no solo determinaba las empresas invitadas a cotizar, sino que también influía en los tiempos del proceso, en las altas del sistema y en el seguimiento de quiénes podían o no participar. Es decir, no existía ningún tipo de competencia real entre proveedores: las adjudicaciones estaban digitadas desde el inicio. Grant aseguró que todas sus intervenciones se realizaron “bajo las órdenes de Garbellini”, dejando por escrito una subordinación que derriba cualquier argumento defensivo sobre desconocimiento o autonomía en las decisiones.
La situación se agrava aún más con el hallazgo de anotaciones en los cuadernos secuestrados en la casa de Miguel Ángel Calvete, otro de los involucrados, donde aparecen referencias a Grant. Ese material refuerza la sospecha de que el sistema estaba diseñado para beneficiar a un grupo reducido de actores, afectando recursos destinados a personas con discapacidad, uno de los sectores más vulnerables del país.
Mientras Milei continúa atacando al Estado y ajustando en áreas sociales, la Justicia avanza sobre un caso que desnuda un funcionamiento oscuro dentro de un organismo clave. El escándalo se suma al creciente malestar social y político que enfrenta el Gobierno, que ya no puede ocultar que sus promesas de transparencia chocan contra la realidad de su propia gestión.