Un reciente informe del Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales (EDIL) de la UBA volvió a encender las alarmas sobre la situación laboral del país y dejó en evidencia algo que el Gobierno intenta minimizar: la destrucción del empleo está golpeando con una fuerza mucho mayor al sector privado, mientras la administración de Javier Milei insiste en mostrar como “logro” el recorte del empleo estatal.
El estudio, elaborado por investigadores del IIEP, mostró que durante agosto de 2025 se perdieron 13.100 empleos formales. Pero lo más significativo es cómo se distribuyó ese impacto: el sector privado eliminó 10.600 puestos, mientras que el sector público redujo apenas 1.700. En otras palabras, por cada trabajador estatal que perdió su empleo, el sector privado expulsó a seis. La recesión, la caída brutal del consumo, los tarifazos y la falta de medidas para sostener la producción vienen empujando a miles de empresas a achicarse o directamente cerrar sus puertas.
El panorama general tampoco deja lugar al optimismo. En agosto de 2025, el total de trabajadores registrados cayó a 10.078.000 personas. Comparado con el mismo mes del año anterior, significa una pérdida de 33.000 empleos. Si la comparación se hace con noviembre de 2023, el mes previo al inicio de la actual tendencia descendente, la caída asciende a 224.000 puestos de trabajo formales. Lejos de revertirse, la crisis laboral se profundizó desde la llegada de Milei al poder.
La situación salarial agrava aún más el cuadro. El informe detalla que el Salario Mínimo, Vital y Móvil volvió a perder poder de compra durante julio, agosto, septiembre y octubre de 2025. Desde la asunción de Milei, el salario mínimo real acumula una caída del 35 por ciento. El deterioro es tan profundo que su valor actual quedó por debajo del registrado en 2001, antes del estallido de la convertibilidad. En términos históricos, el salario mínimo hoy representa solo un tercio del valor que alcanzó en su punto máximo en 2011, una erosión del 64 por ciento.
Para los investigadores del IIEP, la combinación de empleo en retroceso y salarios pulverizados está deteriorando a gran velocidad la calidad de vida de los argentinos. La destrucción del empleo privado no solo frena cualquier posibilidad de crecimiento, sino que también golpea la recaudación de aportes y contribuciones, debilitando a la seguridad social y sumando tensiones a la política económica. Mientras el Gobierno se aferra a discursos de ajuste permanente, el país real enfrenta una crisis que no encuentra freno y que deja cada mes a más familias sin ingresos y sin horizonte.