Tras los resultados del último domingo, Javier Milei consiguió este jueves en Casa Rosada lo que necesitaba para mostrar avance frente a sus aliados internacionales: una foto con 20 gobernadores, sus principales ministros y su hermana Karina. El encuentro tuvo como eje las reformas laboral, impositiva y penal que el Gobierno planea enviar al Congreso tras el recambio legislativo del 10 de diciembre.
La reunión fue clave para recomponer vínculos que estaban tensos, sobre todo con mandatarios de Provincias Unidas, quienes hasta hace unos días mantenían una relación muy conflictiva con la Casa Rosada. Ahora, la necesidad de financiamiento, obras y sueldos por parte de las provincias se cruza con el interés del Gobierno de consolidar apoyos y votos para sus proyectos de ajuste, en línea con las demandas de Estados Unidos. Sin embargo, la convocatoria no incluyó a gobernadores que representan alrededor del 40% de la población, todos del PJ, dejando en evidencia que la política del diálogo de Milei tiene límites claros.
Durante el cónclave, celebrado en el Salón Eva Perón, el Presidente presentó los ejes de su agenda: una reforma tributaria que reduzca la recaudación estatal, flexibilización laboral para facilitar despidos, endurecimiento del código penal y aprobación del Presupuesto 2026. Los gobernadores expresaron un apoyo general al equilibrio fiscal, pero también reclamaron cuestiones como la coparticipación del impuesto a los combustibles.
El Gobierno busca aprovechar la fuerza legislativa obtenida tras las elecciones para avanzar con leyes estructurales en sesiones extraordinarias durante el verano, replicando la estrategia de la Ley Bases de 2024. Según el vocero Manuel Adorni, este es “un paso importante hacia la segunda etapa del gobierno, con un Congreso que será el más reformista de la historia del país”.
Entre los asistentes estuvieron mandatarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Salta, Tucumán, Mendoza, Santa Fe, entre otros, así como ministros clave de Milei. La Casa Rosada enfatizó la voluntad de “trabajar con todos”, pero bajo la premisa de potenciar el ahorro, proteger la propiedad privada y garantizar la sustentabilidad fiscal.
El encuentro refleja la nueva estrategia del Gobierno: mostrarse dialoguista mientras impulsa reformas que recortan derechos y avanzan en un ajuste económico profundo.