El Gobierno nacional oficializó este martes la promulgación de las leyes de Emergencia Pediátrica y de Financiamiento Universitario, ambas aprobadas por el Congreso el pasado 2 de octubre luego de que los legisladores rechazaran los vetos del presidente Javier Milei. Sin embargo, el Ejecutivo volvió a poner freno a su aplicación, argumentando que el Congreso deberá definir las fuentes de financiamiento antes de que las normas puedan ponerse en marcha.
A través de los decretos 759 y 760 publicados en el Boletín Oficial, el Gobierno promulgó las leyes 27.795 (de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente) y 27.796 (de Emergencia Sanitaria de la Salud Pediátrica y de las Residencias Nacionales en Salud). Pero en los considerandos aclaró que ambas “quedarán suspendidas en su ejecución hasta tanto el Congreso determine las fuentes de financiamiento e incluya en el Presupuesto nacional las partidas necesarias”.
En los hechos, la decisión implica que las universidades, hospitales y servicios pediátricos continuarán sin los fondos que el Congreso había dispuesto para afrontar la crítica situación económica y sanitaria que atraviesan. La jugada del Ejecutivo, que se escuda en una supuesta falta de recursos, refuerza la política de ajuste que viene golpeando a la educación pública y al sistema de salud.
La Ley de Financiamiento Universitario prevé la actualización de las partidas presupuestarias destinadas a universidades, hospitales universitarios y al sistema de ciencia y tecnología, con incrementos bimestrales por inflación durante 2025. Además, establece una recomposición salarial para docentes y no docentes, con actualización mensual por IPC. Sin embargo, la falta de aplicación deja a las universidades públicas en un estado de incertidumbre.
Según un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), pese a un aumento nominal del 29% decretado por Milei, el presupuesto universitario real cayó un 32% respecto a 2023, alcanzando su nivel más bajo en veinte años. Esta situación pone en riesgo el funcionamiento de las instituciones y el acceso a la educación superior gratuita.
En tanto, la Ley de Emergencia Pediátrica busca garantizar la provisión de medicamentos, vacunas, insumos críticos y equipamiento para hospitales infantiles de todo el país, además de recomponer los salarios del personal de salud que trabaja con población pediátrica. También exime del pago de Ganancias a quienes desempeñen tareas críticas, horas extras y guardias.
Sin embargo, con la suspensión impuesta por el Gobierno, las mejoras sanitarias y laborales previstas vuelven a quedar en espera, mientras los hospitales pediátricos continúan enfrentando la falta de insumos y personal en un contexto de fuerte deterioro del sistema público de salud.