El gobierno de Javier Milei sumó un nuevo capítulo a su política de ajuste al vetar por completo la Ley de Emergencia Pediátrica, que garantizaba más recursos y mejores condiciones para el Hospital Garrahan, el centro de salud infantil más importante del país. La medida se conoció luego del veto total a la Ley de Financiamiento Universitario, profundizando el enfrentamiento del Ejecutivo con el sistema educativo y sanitario.
El decreto presidencial, publicado en el Boletín Oficial y acompañado por la firma de todo el gabinete, rechaza una norma aprobada con amplia mayoría en el Senado —62 votos a favor contra apenas ocho en contra— que declaraba la emergencia en pediatría y en las residencias médicas. El proyecto se sustentaba en la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que establece el derecho a la salud integral, gratuita y accesible.
La iniciativa contemplaba una recomposición salarial para médicos y residentes, la asignación de mayores fondos para la atención infantil y la derogación de la polémica resolución 2109/2025, que modificó el sistema de residencias médicas y generó un fuerte rechazo en el sector.
Como argumento, el oficialismo insistió en el “equilibrio fiscal” y en la “falta de financiamiento genuino”. Según el decreto, la ley implicaría un impacto directo de más de 115 mil millones de pesos y podría “profundizar distorsiones salariales, comprometer programas esenciales y erosionar la coparticipación federal”.
La decisión ya encendió la reacción de médicos, residentes y trabajadores del Garrahan. La Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) había advertido que, en caso de concretarse el veto, se organizarían movilizaciones y una Marcha Federal junto a la comunidad universitaria. En un comunicado, remarcaron que el próximo lunes realizarán una conferencia de prensa frente al Congreso para exigir que Diputados y Senadores rechacen de inmediato las decisiones presidenciales.
Mientras tanto, la Casa Rosada mantiene en suspenso otra definición clave: la Ley de Redistribución Automática de los Aportes del Tesoro Nacional, que afecta directamente a las provincias y cuyo destino se conocerá este viernes.
La motosierra de Milei no solo apunta a universidades y a la salud pública: también golpea de lleno a la infancia y al hospital emblema de la pediatría argentina.