El violento episodio ocurrido este miércoles en Mendoza, donde una estudiante de 14 años ingresó armada a la escuela 4-042 Marcelino H. Blanco, disparó en tres oportunidades y se atrincheró durante varias horas, volvió a encender la polémica sobre la política de flexibilización en la portación y tenencia de armas que impulsa el gobierno de Javier Milei.
En diciembre de 2024, el Presidente firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que redujo la edad mínima para acceder a un arma de fuego: ya no se requieren 21 años, sino que a partir de los 18 cualquier ciudadano puede iniciar el trámite para convertirse en legítimo usuario. La medida modificó el artículo 55 de la Ley Nacional de Armas y Explosivos, que históricamente establecía la mayoría de edad como requisito para la adquisición y tenencia.
El decreto oficial justifica el cambio bajo el argumento de “armonizar la legislación vigente” y reconocer la “capacidad de los ciudadanos” para ser usuarios de armas desde los 18 años. Sin embargo, especialistas y organizaciones sociales advirtieron que esta decisión abre la puerta a una mayor circulación de armamento en un país que ya atraviesa un crecimiento de hechos violentos.
Lejos de frenar esa política, en junio de este año el Gobierno dio un nuevo paso: habilitó la compra y tenencia de armas semiautomáticas, carabinas y subametralladoras para civiles, bajo la categoría de “uso deportivo”. Hasta ese momento, desde 1995, estas armas eran de uso exclusivo de las fuerzas armadas y de seguridad.
La norma habilita a la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac) a autorizar a legítimos usuarios la adquisición de este tipo de armamento. El texto aclara que deberán acreditar “usos deportivos comprobados”, aunque los críticos alertan que esta puerta abierta puede derivar en una mayor disponibilidad de armas de alto poder de fuego en manos de civiles.
Los hechos de Mendoza, con una adolescente ingresando armada a un colegio, reavivan la discusión sobre una política oficial que no sólo promueve la libre portación, sino que avanza hacia una liberalización sin precedentes en la historia reciente de la Argentina.