En plena campaña electoral y a menos de una semana de los comicios en la provincia de Buenos Aires, el Gobierno nacional quedó en el centro de una fuerte polémica. El vocero presidencial Manuel Adorni confirmó que el Ejecutivo presentó una medida cautelar ante la Justicia Federal para impedir la difusión de nuevos audios en los que estaría implicada la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.
La presentación fue acompañada de un duro comunicado en el que el oficialismo denunció una “maniobra golpista” con el objetivo de “desestabilizar al país en plena campaña”. Según el texto, se trató de un “ataque ilegal, planificado y dirigido”, con conversaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios que habrían sido manipuladas para condicionar al Poder Ejecutivo.
Una respuesta judicial exprés
La reacción de la Justicia fue inmediata. El juez federal Patricio Maraniello —denunciado hace apenas dos semanas por abuso de poder, acoso laboral, maltrato y manejo irregular de recursos— dictó una cautelar que prohíbe la publicación de los audios “a través de cualquier medio escrito, audiovisual o redes sociales”.
La resolución también ordena enviar oficios al ENACOM para garantizar que ningún canal, portal o plataforma difunda el material. Una decisión que genera un antecedente grave de censura previa en democracia.
El trasfondo: corrupción y desgaste político
Los audios difundidos en el canal de streaming Carnaval no hacen referencia directa a la denuncia de sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), pero se advirtió que son apenas “la puntita” de nuevas grabaciones que podrían salir a la luz en los próximos días.
La situación golpea de lleno a la hermana del Presidente, señalada en la trama de presuntas coimas en la ANDIS. Sus últimas apariciones de campaña en Junín, Lomas de Zamora y Corrientes estuvieron marcadas por escraches y disturbios, y en la Séptima Sección Electoral se suspendieron actos en Olavarría y Azul, oficialmente por cuestiones climáticas, aunque entre rumores de que los propios candidatos locales pidieron limitar su exposición.
A este cuadro se suma un dato revelador: un relevamiento de la consultora Trespuntozero muestra que Karina Milei acumula un 61,4% de imagen negativa, diez puntos más que hace pocos meses, convirtiéndose en una de las figuras políticas con peor aceptación en el país.
La duda que queda
El Gobierno insiste en que se trata de una operación del kirchnerismo para ensuciar la campaña, pero el propio recurso presentado y la rapidez con que obtuvo el aval judicial dejan abiertas sospechas: ¿se trata realmente de frenar una maniobra de espionaje ilegal, o de evitar que salgan a la luz grabaciones aún más comprometedoras?
Lo cierto es que, entre denuncias de corrupción, censura previa y un clima electoral enrarecido, la tormenta en torno a Karina Milei apenas comienza.