Este miércoles, jubilados y organizaciones sociales volvieron a concentrarse frente al Congreso Nacional para rechazar el veto de Javier Milei al aumento de haberes, el incremento del bono y la prórroga de la moratoria previsional. La movilización se desarrolló en un clima de tensión, con un operativo policial desmedido que recordó las postales de represión de semanas anteriores.
Desde temprano, el Ministerio de Seguridad montó un amplio cerco alrededor del Palacio Legislativo. Decenas de efectivos, vallados metálicos, camiones hidrantes y móviles bloquearon calles clave, impidiendo el paso de manifestantes y transeúntes.
Cerca de las 16.30, la policía federal detuvo a dos mujeres, una de ellas fotógrafa, que cubrían la protesta. Testigos denunciaron que ambas fueron apresadas sin motivo y reducidas en el suelo por al menos diez policías, algunos de ellos de civil. Las imágenes transmitidas en vivo mostraron cómo las inmovilizaron y luego las subieron a un camión policial.
Organismos de derechos humanos y sindicatos presentes repudiaron las detenciones y advirtieron que el Gobierno parece decidido a criminalizar la protesta social, especialmente la de los sectores más vulnerables.
En las marchas de los miércoles, los jubilados denuncian no sólo la pérdida de poder adquisitivo sino también el vaciamiento de programas sociales y de salud. “Venimos siempre a manifestarnos y lo único que recibimos es represión. Ayer hicieron un asado en Olivos mientras en el PAMI hay turnos recién para dentro de cuatro meses. Mi exesposa tiene ELA y le niegan la kinesiología en su casa”, relató un manifestante.
La movilización se enmarca en una creciente ola de reclamos contra las políticas del gobierno libertario, que afectan de lleno a jubilados, trabajadores y beneficiarios de programas sociales. A pesar del temor a nuevos episodios de represión, las organizaciones convocantes ratificaron que seguirán en las calles todos los miércoles hasta que se restituyan los derechos previsionales.