En una decisión que profundiza el conflicto con el Congreso y golpea directamente a los sectores más vulnerables, el presidente Javier Milei firmó este sábado los decretos que vetan dos leyes clave: el aumento a las jubilaciones y la declaración de la emergencia en discapacidad. Ambas habían sido aprobadas por amplia mayoría en el Senado el pasado 10 de julio, pero serán publicadas el próximo lunes en el Boletín Oficial con la rúbrica del veto presidencial.
La norma para jubilados establecía un incremento real del 7,2% en todos los haberes y pensiones —excepto regímenes especiales— y elevaba el bono de $70.000 a $110.000, con actualización por inflación. En cuanto a la discapacidad, la ley buscaba declarar la emergencia para garantizar la cobertura de tratamientos, traslados y prestaciones básicas que hoy se ven gravemente afectadas por la inflación y la falta de pago de obras sociales y prepagas.
Instituciones y familias al límite
El veto en materia de discapacidad supone un duro golpe para miles de familias y para las instituciones que trabajan con personas con discapacidad en todo el país. Organizaciones y centros especializados llevan meses denunciando que el atraso en los pagos, la falta de actualización de aranceles y la ausencia de políticas de contención están provocando el cierre de servicios, la pérdida de profesionales calificados y la interrupción de tratamientos esenciales.
Lejos de contemplar esta crítica situación, el Gobierno cumplió con su advertencia: “Vamos a vetar. Y si el veto se cae, lo vamos a judicializar”, había adelantado Milei. Para sostener la medida, el oficialismo necesita que no se alcance la mayoría de dos tercios en el Congreso que podría revertir el veto.
La tensión política se acentuó desde aquella sesión del Senado, que también desató un enfrentamiento público con la vicepresidenta Victoria Villarruel, a quien desde la Casa Rosada acusaron de “traidora” por permitir el debate.
Represión y ajuste
La decisión de Milei llega apenas días después de que el Gobierno desplegara un fuerte operativo represivo contra jubilados y organizaciones sociales que se movilizaron en el centro de la Ciudad de Buenos Aires para reclamar por el aumento de haberes y en rechazo al ajuste. Las imágenes de adultos mayores reprimidos con gas pimienta y empujones se multiplicaron en redes y medios, recordando que, una vez más, son los más débiles quienes pagan el costo de las políticas económicas.
Una doble herida
En el caso de la discapacidad, la emergencia vetada era una oportunidad para brindar un marco legal que obligara a garantizar la continuidad de las prestaciones y proteger a las instituciones que cumplen un rol social insustituible. Sin ella, la crisis del sector se profundiza, y tanto familias como organizaciones volverán a enfrentar solos un sistema que no garantiza ni lo esencial.
Mientras tanto, la oposición ya convocó para el miércoles 6 de agosto a una sesión especial que pondrá sobre la mesa otros proyectos que el oficialismo rechaza, como el aumento del financiamiento universitario y la declaración de emergencia en pediatría por la crisis del Hospital Garrahan.
En este escenario, la disputa por los vetos será un nuevo capítulo de un conflicto político que, en los hechos, se traduce en menos derechos y más sufrimiento para quienes menos tienen.