La jueza del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, volvió a embestir contra la soberanía argentina en el marco del juicio por la estatización de YPF. En una decisión polémica, ordenó que Argentina entregue los teléfonos celulares de funcionarios y exfuncionarios para ser revisados como parte del proceso de discovery, una instancia destinada al intercambio de pruebas.
La audiencia se centró en supuestas comunicaciones relacionadas con YPF y el Banco Central, así como en posibles vínculos entre el Estado argentino y empresas como Aerolíneas Argentinas, Banco Nación y Enarsa. Los fondos buitres buscan demostrar que YPF es un “alter ego” del Estado, una maniobra jurídica que les permitiría embargar bienes públicos argentinos.
Ante esta embestida judicial, la Procuración del Tesoro fue contundente: la medida es inconstitucional, viola leyes argentinas y estadounidenses, y representa una clara intromisión en los asuntos internos del país. “Esta orden vulnera la soberanía argentina y no conducirá al hallazgo de activos ejecutables”, sentenció el organismo oficial, que anticipó que se apelará la decisión.
Desde la asunción del gobierno de Javier Milei, Argentina ya ha entregado más de 100.000 documentos en este proceso, incluyendo datos financieros sensibles. Sin embargo, el fondo buitre Burford Capital —que financia la demanda— continúa presionando judicialmente con lo que incluso reconoció como una estrategia para “hostigar” al país.
En paralelo, el Estado argentino presentó ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York los últimos escritos solicitados para sostener la suspensión de la entrega del 51% de las acciones de YPF. Allí, el Gobierno denunció que la sentencia de Preska vulnera la inmunidad de ejecución, ya que los activos no están en EE.UU. ni se usan para fines comerciales en ese país.
Además, Argentina destacó que la ley nacional impide la venta de esas acciones sin aval del Congreso, por lo que no hay riesgo de “disipación” de bienes. Y advirtió que forzar esa entrega sería irreversible: se perdería el control estatal de la mayor empresa energética del país, con un daño que no se podría revertir ni siquiera ganando la apelación.
“El interés público está en juego”, advirtió la Procuración del Tesoro. Si la orden se ejecutara, afectaría a millones de argentinos, comprometería la relación bilateral con EE.UU. y sentaría un precedente peligroso para el derecho internacional.