En apenas siete meses de gestión, Javier Milei ya construyó un récord particular: el del veto presidencial. El libertario, que prometió “dinamitar” la política tradicional, parece decidido a bloquear todo lo que huela a derechos o asistencia para los sectores más vulnerables. En las últimas horas, anunció que vetará tres nuevas leyes votadas por la oposición en el Senado: la mejora en las jubilaciones, la prórroga de la moratoria previsional y la declaración de emergencia para personas con discapacidad.
El Presidente no solo anticipó que vetará las tres iniciativas, sino que también advirtió que si el Congreso insiste, recurrirá a la Justicia. “Vamos a vetar. Y si el veto se cae, lo vamos a judicializar”, sentenció. En otras palabras: Milei quiere impedir por todos los medios que se vote cualquier ley que afecte su obsesión con el superávit fiscal, incluso si eso implica dejar a jubilados, personas con discapacidad o universidades públicas sin ayuda.
Con estos tres vetos anunciados, ya son cinco las leyes que Milei se niega a promulgar desde que asumió. Las dos primeras fueron la nueva fórmula jubilatoria que planteaba un refuerzo ante la inflación y la ley de financiamiento universitario, votada por amplísima mayoría después de las marchas masivas en todo el país.
Aunque el veto es legal y está previsto en la Constitución, el uso reiterado del recurso está generando tensiones políticas y un creciente aislamiento del Ejecutivo. Las leyes que Milei frena suelen contar con apoyo de diferentes bloques y hasta de gobernadores aliados, lo que revela que la Casa Rosada se va quedando cada vez más sola.
Según un informe, los presidentes que más vetaron leyes desde 1983 fueron Carlos Menem (195 vetos en total) y Raúl Alfonsín (49 vetos). Milei, en apenas siete meses, ya suma dos vetos consumados y otros tres en camino.
Mientras tanto, la pregunta crece: ¿puede gobernarse vetando todo lo que vota el Congreso?