En plena ola polar y con miles de familias afectadas por cortes de luz y gas natural, el Gobierno nacional decidió modificar el régimen del gas envasado y avanzar con una desregulación total del mercado de garrafas, el principal recurso energético para millones de hogares humildes en Argentina.
La medida fue oficializada este miércoles a través del Decreto 446/2025, publicado en el Boletín Oficial, y establece un cambio radical en la Ley 26.020, que desde 2005 regulaba la actividad. A partir de ahora, el Estado dejará de intervenir en precios, oferta y demanda, y se limitará únicamente a tareas de fiscalización técnica y de seguridad.
¿Qué cambia con el nuevo decreto?
• Se eliminan los controles de precios: ya no habrá valores máximos ni precios subsidiados definidos por la Secretaría de Energía.
• Se libera el comercio del GLP envasado: las empresas fraccionadoras podrán operar con libertad de precios y sin necesidad de autorizaciones previas para ampliar sus plantas o envasar para otras marcas.
• Los envases podrán intercambiarse entre empresas: se flexibiliza el uso de garrafas, que ahora deberán ser aceptadas por cualquier operador, siempre que estén en condiciones reglamentarias.
• Libre importación y exportación: se habilita la compra y venta al exterior, con mínimas restricciones.
¿A quién afecta esta medida?
Según datos oficiales, más de 4 millones de hogares argentinos dependen del gas envasado para cocinar o calefaccionarse, especialmente en zonas rurales o barrios populares donde no llega la red de gas natural.
Con esta desregulación, los sectores más vulnerables quedan totalmente expuestos al precio que imponga el mercado, en un contexto de inflación persistente y aumentos tarifarios generalizados. Hasta ahora, el Estado fijaba un precio máximo subsidiado —aunque no siempre se cumplía en la práctica—, pero a partir del nuevo esquema cada fraccionador podrá poner el precio que considere conveniente.
Especialistas en energía advierten que esta medida, en un momento de alta demanda estacional, puede traducirse en subas inmediatas, sobre todo en regiones alejadas o de difícil acceso, donde el transporte encarece el producto.
“La eliminación de precios de referencia es un golpe directo al bolsillo de los sectores populares. Sin subsidios y sin control, el precio de la garrafa puede dispararse”, sostuvo un referente del sector cooperativo de distribución.
El Estado se retira, el mercado decide
El decreto justifica la medida argumentando que la regulación estatal generó “sobrecostos operativos” y “distorsiones en el mercado”, y que liberar el sistema permitirá más competencia, eficiencia y expansión de la oferta.
Pero los antecedentes en otras áreas —como la medicina prepaga o el transporte— muestran que la desregulación suele traducirse en concentración empresarial y aumento de precios, más que en beneficios para los usuarios.
Además, la Secretaría de Energía se limitará a tareas de inspección técnica, dejando de intervenir en los aspectos comerciales del servicio, incluso en lo que refiere al abastecimiento en zonas vulnerables.
A esto se suma la amenaza de eliminar la Zona Fría
Mientras los usuarios de garrafas ya enfrentan el impacto de la desregulación, el Gobierno nacional evalúa ahora quitar el régimen de subsidios por Zona Fría, que desde 2021 beneficia a más de 3 millones de usuarios residenciales, incluyendo a las familias de Cañuelas que acceden al gas por red.
La eliminación sería por Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y podría ejecutarse después de las elecciones de octubre. De concretarse, los hogares que hoy reciben descuentos en sus tarifas por residir en zonas de bajas temperaturas dejarían de tener ese beneficio, pagando la factura completa sin subsidio.
Además, desde este mes ya se está aplicando un recargo obligatorio del 6,4% al 6,7% sobre el precio del gas, que se traslada a la factura final en concepto de financiamiento del Fondo Fiduciario, afectando también a los usuarios de gas natural.
En otras palabras, los hogares humildes que usan garrafas ya sufren un encarecimiento del servicio por la desregulación; y ahora, los que tienen red de gas, como en Cañuelas, están bajo amenaza de perder los subsidios vigentes por vivir en una Zona Fría.
Una política energética que profundiza la desigualdad
Con estufas apagadas por la suba de tarifas, garrafas más caras y boletas en alza, las medidas adoptadas y evaluadas por el Gobierno nacional tienden a reducir el acceso de las familias trabajadoras a servicios esenciales como calefacción y cocina.
Mientras el discurso oficial habla de “libertad de mercado” y eficiencia, lo cierto es que millones de argentinos vuelven a quedar solos ante un invierno más caro, más desigual y más excluyente.
La garrafa no es una alternativa. Para muchas familias, es la única fuente de calor. Y ahora, también, un lujo cada vez más difícil de pagar.
