En una insólita maniobra para cerrar el caso en tiempo récord, Gendarmería Nacional presentó un informe que responsabiliza al fotógrafo Pablo Grillo por el disparo que lo dejó al borde de la muerte durante la brutal represión frente al Congreso el pasado 12 de marzo. El documento sostiene que Grillo se encontraba “en la línea de tiro” y califica el impacto como un “hecho fortuito”, desligando completamente al cabo Héctor Guerrero, autor del disparo.
El informe fue elaborado en apenas 24 horas, en total sintonía con las declaraciones de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, quien desde un primer momento intentó justificar la represión violenta en plena protesta contra la Ley Ómnibus. Según la versión oficial, la granada de gas lacrimógeno que impactó en la cabeza del fotógrafo habría rebotado dos veces en el suelo antes de alcanzarlo, lo que indicaría –según el texto– que fue disparada apuntando al asfalto.
“La granada impacta en la cabeza del fotógrafo luego de dos rebotes previos en la cinta asfáltica… El impacto se produce como un hecho fortuito”, afirma el informe, que más que una pericia parece una defensa escrita por los propios responsables del operativo represivo.
Fabián Grillo, padre del fotógrafo herido, reaccionó con indignación ante el intento de cerrar el caso sin investigar a fondo: “No podíamos esperar otra cosa, pero es un absurdo absoluto”, afirmó. En diálogo con C5N, desmintió categóricamente que el disparo haya sido dirigido al suelo: “Dispararon en línea recta. Hay una cámara del dron de La Nación que muestra el trayecto. No hubo rebote, la versión oficial es una mentira descarada”.
Además, Grillo padre fue contundente: “No creo que fue un error. Dispararon a matar. Usan armas supuestamente no letales como si fueran armas de guerra. Esto no fue un accidente, fue un acto deliberado”.
El caso Pablo Grillo vuelve a dejar expuesto el accionar represivo del gobierno de Javier Milei, la impunidad con la que actúan las fuerzas de seguridad bajo el mando de Patricia Bullrich y el intento sistemático de encubrir hechos de violencia institucional. Mientras tanto, la víctima continúa luchando por su recuperación, sin justicia y con el aparato estatal alineado para garantizar la impunidad.
