Mientras el Gobierno nacional insiste en que “no hay plata” para sostener derechos esenciales, una delegación de funcionarias libertarias disfrutó de una estadía de cinco días en Dubái —uno de los destinos más caros del planeta— a costa del Estado, sin cumplir ningún objetivo oficial. El escándalo se destapó esta semana y suma nuevas pruebas de la doble vara con la que se gestiona el ajuste.
Lucía Montenegro, legisladora porteña por La Libertad Avanza; Romina Núñez, subdirectora ejecutiva de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS); la diputada salteña María Emilia Orozco; y siete funcionarios más partieron el 11 de junio rumbo a Emiratos Árabes. La justificación formal fue asistir a un foro sobre discapacidad en Tel Aviv, que finalmente no se realizó por el conflicto bélico entre Irán e Israel. Sin embargo, la comitiva no volvió: eligieron quedarse en Dubái, hospedadas en hoteles de lujo y con todos los gastos cubiertos por fondos públicos.
Según estimaciones, el gasto total en pasajes, alojamiento y comidas superó los 61 mil dólares. Un dato no menor si se considera que, en paralelo, el mismo Estado suspendió pensiones no contributivas a personas con discapacidad, congeló aranceles para instituciones de atención y recortó prestaciones médicas.
Dubái sí, derechos no
La postal del ajuste es brutal: mientras familias desesperadas por sostener terapias o instituciones deben organizar rifas o marchas, altos funcionarios del área de discapacidad se pasean por centros comerciales en Medio Oriente. Montenegro, lejos de dar explicaciones, reapareció apenas regresó al país con una puesta en escena que buscó redimirla mediáticamente: publicó fotos en redes repartiendo empanadas a personas en situación de calle. Aclaró que lo hacía “con plata de mi bolsillo”, como si eso borrara los gastos en dólares acumulados en su reciente travesía.
No es un caso aislado. Romina Núñez, segunda al mando en ANDIS, ya había protagonizado un escándalo semanas atrás cuando, durante una reunión del Consejo Federal de Discapacidad, despreció el reclamo de una madre que pedía la actualización de aranceles. “No tengo por qué darte una opinión”, respondió con desdén. La escena, que se volvió viral, refleja el trato sistemático hacia el sector: desprecio, burocracia y abandono.
En ciudades del interior, como Olavarría o Bolívar, incluso se llegaron a enviar cartas documento a personas con discapacidad para que se presentaran en direcciones inexistentes, incluyendo una pizzería y una casa de familia, para supuestas revisiones de pensiones. El resultado: angustia, incertidumbre y pérdida de derechos para miles.
La doble vara libertaria
Javier Milei repite hasta el cansancio que su misión es “terminar con los curros”. Pero este viaje, como tantos otros silenciosos dentro de su gestión, muestra que el recorte no se aplica a todos por igual. La falta de rendición de cuentas, la nula actividad oficial realizada y la ostentación en redes por parte de quienes deberían estar trabajando para los más vulnerables generan un clima de indignación creciente.
El próximo miércoles 25 de junio, más de 70 organizaciones que integran la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), junto con familiares y prestadores, marcharán al Congreso para exigir la declaración de una Ley de Emergencia en Discapacidad. La situación es crítica: instituciones al borde del cierre, miles de prestaciones suspendidas y beneficiarios sin respuestas concretas.
Mientras tanto, la cúpula de la ANDIS —un área que debería ser sensible, estratégica y cercana al territorio— responde con cinismo, selfies y evasivas. Ningún funcionario explicó por qué no se canceló el viaje a tiempo, por qué no se devolvieron los fondos o por qué se siguió facturando un viático que no tuvo correlato en gestión.
La frase “no hay plata” vuelve a desnudar su verdadera función: no es una política de austeridad, es una herramienta de poder para disciplinar a los sectores más frágiles, mientras se garantizan privilegios, turismo y marketing político a costa del sufrimiento ajeno.