El juez federal Ariel Lijo advirtió al gobierno nacional que tiene la obligación de conservar intacto el edificio donde funciona el Museo Sitio de Memoria ESMA, epicentro del horror durante la última dictadura militar y declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. La medida llega en medio de un vaciamiento deliberado impulsado por la gestión de Javier Milei, que degradó institucionalmente al museo, desplazó a su directora y redujo la Secretaría de Derechos Humanos a una mera subsecretaría.
El magistrado hizo lugar a un pedido de las querellas, representadas por abogados de organismos como el CELS y Kaos, quienes alertaron sobre el desmantelamiento del lugar y la amenaza que esto representa tanto para la memoria colectiva como para las investigaciones judiciales. Como represalia por esa presentación, el subsecretario Alberto Baños despidió a una de las abogadas intervinientes, Flavia Fernández Brozzi, con más de dos décadas de trayectoria y representación gremial.
Lijo recordó que el Estado argentino tiene la responsabilidad legal de “difundir y transmitir los hechos del terrorismo de Estado” ocurridos en la ESMA, y ordenó el mantenimiento integral del edificio, desde la limpieza diaria y el cuidado de techos, hasta la preservación de archivos y la continuidad de las actividades pedagógicas. Subrayó, además, que no se trata de un centro cultural cualquiera, sino de un sitio clave en causas judiciales por crímenes de lesa humanidad.
La resolución también abarca a la isla El Silencio, utilizada como anexo clandestino de la ESMA durante la visita de la CIDH en 1979. Pese a que el lugar tiene una medida de no innovar desde 2013 y es considerado prueba judicial, el gobierno libertario pretende desentenderse de su mantenimiento.
En enero, el mismo juez ya había intimado a Baños a cumplir con sus obligaciones respecto a otros sitios de memoria en la Ciudad, pero el funcionario continúa desacatando los fallos. La consecuencia directa fue el cierre del museo de la ESMA durante dos días por falta de personal para las visitas guiadas. Otra evidencia más de cómo el gobierno de Milei atenta contra la Memoria, la Verdad y la Justicia.