El Gobierno de Javier Milei profundiza su plan de ajuste y avanza a paso firme hacia la privatización del sistema ferroviario nacional. Esta semana, la Secretaría de Transporte —encabezada por Luis Perrini— anunció un “ahorro” de más de $60.000 millones en el último año a partir de una serie de recortes aplicados en Trenes Argentinos. La supuesta meta oficial es “sanear la empresa” y atraer inversiones privadas interesadas en quedarse con la operación del servicio.
La cifra presentada como un logro por el oficialismo se logró, en realidad, gracias a un brutal recorte de personal y a la eliminación de recursos clave para el funcionamiento de los trenes. En total, se redujeron 277 cargos jerárquicos, se despidió al 8% de la plantilla —1.897 trabajadores—, se recortaron horas extra en un 73% y se eliminaron gastos en áreas sensibles como mantenimiento, seguridad privada e intercomunicaciones.
Desde el Ejecutivo ya adelantaron que el recorte no termina acá: pretenden seguir ajustando hasta que la empresa tenga menos de 20.000 empleados. Una poda que, lejos de ser técnica, responde a la lógica del “plan motosierra” y abre la puerta a una privatización encubierta del servicio ferroviario, que implicará menos acceso para los sectores populares y una transferencia directa de recursos públicos a manos privadas.
La destrucción del sistema de trenes públicos no solo atenta contra la conectividad de millones de personas, sino que también representa un retroceso en la soberanía y el desarrollo federal del país. Mientras Milei repite que “el Estado es una organización criminal”, su gobierno desmantela uno de los servicios más importantes de transporte para convertirlo en un negocio más.
