El jefe de Gabinete presentó su informe de gestión en el Congreso con un discurso cargado de triunfalismo, pero evitó responder sobre el acuerdo con el FMI y el escándalo de la criptoestafa $Libra. La oposición lo acusó de ocultar información y vaciar el debate parlamentario.
Guillermo Francos debutó este martes en la Cámara de Diputados como jefe de Gabinete con un objetivo claro: defender la gestión de Javier Milei y blindar el relato oficialista. Lo hizo con un discurso lleno de cifras optimistas, promesas de cambio y frases hechas, pero sin responder a las preguntas más incómodas. En especial, evitó referirse al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y al escándalo de la criptoestafa $Libra, que involucra a miles de ahorristas y un preocupante silencio oficial.
La presentación se dio en cumplimiento del artículo 101 de la Constitución Nacional, aunque el mecanismo distó de ser transparente. Francos envió el informe con las respuestas a más de 4.000 preguntas apenas una hora y media antes del inicio de la sesión. Para la oposición, fue una burla. El diputado Miguel Ángel Pichetto denunció que los periodistas accedieron al documento antes que los legisladores y calificó el episodio como una falta de respeto institucional. Francos admitió el error, pero lo atribuyó a la “magnitud del trabajo”.
En su exposición, el funcionario se dedicó a repasar lo que desde el Gobierno consideran “logros”: una supuesta baja de la pobreza, récords en exportaciones agroindustriales y un ajuste brutal del Estado. Habló de una poda del 40% de las secretarías y de más de 41 mil cargos eliminados, con un ahorro de 800 millones de dólares en salarios. Lo que no dijo es el costo social de esas decisiones: miles de despidos, áreas clave desmanteladas y una gestión cada vez más centralizada.
Francos también reivindicó reformas polémicas como la eliminación de los precios máximos, la derogación de las leyes de Góndolas y de Abastecimiento, y la liberalización del mercado aéreo. Medidas celebradas por los grandes grupos económicos, pero que generan preocupación entre sectores medios y populares que ya sienten el impacto del descontrol de precios y la pérdida de derechos.
En el plano institucional, el Gobierno sigue evitando el debate profundo. Francos se negó a dar explicaciones sobre el acuerdo con el FMI –uno de los ejes centrales de la política económica– y el escándalo de la criptomoneda $Libra, donde miles de personas denuncian estafas y falta de regulación estatal. Prometió abordar estos temas “la próxima semana”, pero la maniobra fue leída como una estrategia para ganar tiempo y diluir responsabilidades.
También defendió iniciativas regresivas como la reforma del Código Penal para endurecer las penas en manifestaciones y la baja de la edad de imputabilidad a 13 años. “El que comete un delito de adulto, debe pagar como un adulto”, dijo, sin mencionar que ese enfoque ha fracasado en múltiples experiencias internacionales.
Con tono calmo pero con un guion estudiado, Francos intentó disfrazar de gestión lo que muchos ven como un vaciamiento institucional. La jornada dejó al descubierto un Gobierno que prefiere los monólogos a los diálogos, los anuncios a la rendición de cuentas, y los números sueltos a las políticas concretas.
